Montar una guerra es difícil. Desmontarla es más complicado. El gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra a los cárteles que realizan el comercio de drogas a fines de 2006. Dos eran los propósitos: el primero era destruir su poder como grupos armados organizados y el segundo detener el comercio de drogas hacia Estados Unidos. El primer objetivo se alcanzó a medias: de los 38 líderes detectados en ese momento, 27 de ellos están encarcelados, extraditados o murieron "en combate". El segundo objetivo está intacto y los enervantes siguen entrando y saliendo del país casi sin obstáculos. La cocaína proveniente de los Andes; la marihuana y heroína sinaloense; y las metanfetaminas, cuyos precursores provienen de Asia, ingresan a México y se desparraman por todo el norte para exportarse de forma ilegal a sus consumidores.

Esta estrategia militarizó al país; aumentaron los homicidios a casi el triple de los sucedidos en 2006 (de 8 por cada 100 mil habitantes a 24), sumando para el sexenio alrededor de 120 mil; se incrementaron las violaciones a los derechos humanos y hay una nueva generación de víctimas que México no veía con anterioridad: civiles inocentes caídos bajo las balas criminales o gubernamentales y casi 30 mil desaparecidos que nadie logra identificar. En lo político y territorial, el “gobierno” y sus fuerzas han perdido el control de numerosos territorios rurales y muchos urbanos, principalmente en el norte del país.

¿Cómo desmontar dicha guerra? El dilema es que el Estado recupere los espacios perdidos sin que salgan ganando los narcos, y que estos pierdan la base social en la que se sostienen. El gobierno de Enrique Peña Nieto plantea dos ejes de acción para lograr lo anterior: montar un nuevo cuerpo policiaco-militar, la Gendarmería; e impulsar una ambiciosa política de prevención y reducción de la violencia empleando el esfuerzo integral del gobierno en todas sus estructuras, no sólo las policiacas, de inteligencia y militares. Todos esperamos el éxito de este esfuerzo, de lo contrario, los seis años de "guerra" habrán sido en balde y las cicatrices serán muy difíciles de borrar.

Luego de poco más de nueve años de combate al narcotráfico (desde la aplicación del Plan México Seguro), las Fuerzas Armadas han participado de forma intensa y extensa, como el principal recurso del Estado mexicano para confrontar y someter a la criminalidad organizada. Las condiciones jurídicas y presupuestales –aunque éstas han mejorado– han puesto en evidencia la demora con la que el Poder Legislativo y algunas áreas de la administración pública han respondido al compromiso que los militares han hecho con el país. Así, la exigencia de una mejor y eficiente cobertura desde el poder civil aumenta conforme se prolonga, por diversas circunstancias, la capacidad destructiva del crimen organizado en algunas partes de la República. Es muy probable que los militares sigan siendo la principal fuerza y apoyo del Estado para recuperar la paz social. Es momento de atender ese faltante político y administrativo.

Estas dos portadas abren y cierran el año que Felipe Calderón desató funestos procesos que tienen al PAN en su más severa crisis: fuera de la Presidencia de la República, con un famélico número de militantes que pone en riesgo su legalidad como partido nacional, repudiado por la ciudadanía y con sus dirigentes sumidos en el desprestigio. Siempre estaré orgulloso de haber brindado al PAN las mayores victorias de su historia. Pero si triunfamos como nadie pudo antes y como nadie ha podido después fue porque no teníamos como tesis el "haiga sido como haiga sido", sino "la congruencia da resultados". Esto no es una apreciación subjetiva, pues la fría estadística lo afirma. El tiempo probó que tuve razón al advertir que si el partido que fue el más limpio y democrático de la historia mexicana no corregía las prácticas a las que le obligó Felipe Calderón, terminaría como hoy está: dependiendo de que el gobierno federal lo cobije y muy lejos de que la sociedad le vuelva a dar un voto de confianza. Hubo quienes ignoraron dicha advertencia y se allanaron ante el sabotaje de Calderón, del cual ahora todo México ve las consecuencias.

En 1999 Tabasco padeció la primera gran inundación de un nuevo ciclo de desbordamiento de las aguas que escurren por nuestro territorio. Posteriormente, en el año 2007, se registró otra grave inundación que dañó especialmente a Villahermosa. Del 2008 al 2011 la entidad sufrió en forma recurrente los estragos por el descontrol de varios de los ríos que la atraviesan. Si bien a través de los denominados, sucesivamente, Programa Integral de Control de Inundaciones (PICI) y Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) se han registrado algunos avances, todavía falta mucho por hacer.

Los siniestros de la naturaleza que han golpeado a Tabasco han hecho aflorar problemas tanto de manejo de las presas en la cuenca Mezcalapa-Grijalva como del desorden en el uso del suelo y de insuficiencias y deficiencias en las capacidades técnicas y administrativas de las instituciones responsables del manejo del agua, conforme a diversos dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación y recomendaciones de la CNDH y la CEPAL.

Por la planicie tabasqueña, cuyo mayor porcentaje lo concentra la costa, escurre el 35 por ciento del agua dulce del país; es decir que por aquí anualmente se mueve un caudal de 125 mil millones de metros cúbicos de agua, líquido que es transportado por los ríos Grijalva y Usumacinta, así como por decenas de otros ríos y lagunas interiores localizadas a lo largo y ancho del territorio estatal. Durante la gran inundación de 2007, Tabasco en su conjunto resultó afectado hasta su raíz más profunda: la producción primaria de frutales y granos; lo mismo que los otros grandes pilares de su economía: la ganadería y Pemex. Las incesantes lluvias iniciadas al final de aquel lejano octubre de hace 6 años dejaron a su paso una estela de pérdidas para el sector salud estatal, las redes carreteras federal y estatal, y el comercio. La inundación de 2007, y las que le sucedieron hasta el año 2011, también fueron las responsables de la gran contaminación de vasos lacustres a lo largo y ancho del territorio.

Desde que asumí el cargo de gobernador propuse varias líneas de acción para prevenir y proteger a la población civil en una nueva inundación: El establecimiento de un auténtico programa integral para el manejo del agua, que controle las inundaciones, reduzca los estragos de las sequías y atienda las necesidades sentidas en todo el territorio estatal y no sólo en la capital del estado.

Replantear a fondo el trabajo de la Conagua en el estado para que nunca más haya, en materia de protección contra las inundaciones, ciudadanos de primera en Villahermosa y ciudadanos de segunda en otros centros de población. Cumplir puntualmente las recomendaciones de la CNDH en lo que tiene que ver con protección civil a cargo del estado y el reordenamiento urbano y territorial teniendo como referente el mapa estatal de riesgos por inundaciones. Permanecer atentos al manejo de las presas participando activamente en la instancia establecida para ello. Insistir ante la CFE en el reclamo de todos los sectores sociales de Tabasco para revisar adeudos y fijar tarifas preferenciales.